Pacto Histórico en Antioquia: proyecciones rumbo a la consulta del 26 de octubre de 2025
Valle de Aburrá
El Valle de Aburrá, con Medellín como núcleo central, es la joya de la corona para el Pacto. Se proyecta que allí se concentren cerca del 60 % de los votos internos. Sectores estudiantiles, sindicales, colectivos de mujeres y comunidades barriales representan el principal motor de movilización. La apuesta estará en superar el umbral de 150.000 votos en este territorio si la participación global alcanza los 300.000.
Urabá
Urabá es una de las regiones donde el Pacto tiene una base electoral sólida, gracias al movimiento sindical bananero y a organizaciones sociales con trayectoria histórica. Se calcula que podría aportar entre 30.000 y 35.000 votos en un escenario de alta participación. Sin embargo, la disputa con partidos tradicionales y maquinarias políticas locales sigue siendo intensa.
Oriente Antioqueño
El Oriente combina municipios de tradición conservadora con otros de creciente influencia alternativa, como Rionegro y algunos municipios cercanos al Valle de Aburrá. Allí, el Pacto podría captar entre 25.000 y 28.000 votos en un escenario optimista.
Bajo Cauca y Nordeste
En esta zona minera y con presencia de economías ilegales, el Pacto enfrenta serias dificultades de penetración. Aun así, se estima una participación de entre 20.000 y 24.000 votos, en gran medida movilizados por liderazgos comunitarios y defensores de derechos humanos.
Suroeste, Occidente y Norte
Estas subregiones, con fuerte tradición cafetera y conservadora, aportarán entre 18.000 y 22.000 votos. Aunque no son bastiones naturales del Pacto, sí han registrado avances en juventudes rurales y movimientos campesinos organizados.
Escenarios de participación: rangos estimados
Para dimensionar mejor las proyecciones, se puede organizar un escenario con base en diferentes niveles de participación total en Antioquia:
Retos organizativos del Pacto Histórico
- Unidad interna: la coalición debe resolver tensiones entre partidos, movimientos y liderazgos personales que han generado fracturas.
- Movilización social: traducir el apoyo en barrios populares, sindicatos y universidades en votos efectivos el día de la consulta.
- Disputa territorial: romper la hegemonía de partidos tradicionales en zonas rurales y subregionales donde las maquinarias son determinantes.
- Narrativa política: conectar la consulta interna con un proyecto de cambio para Antioquia y el país, evitando que se perciba como una simple competencia burocrática.
Conclusión
La consulta interna del 26 de octubre de 2025 será decisiva para el futuro del Pacto Histórico en Antioquia. Más allá de elegir precandidatos al Senado, Cámara y Presidencia, será un termómetro de la fuerza real de la coalición en un departamento estratégico.
Si logra superar los 300.000 votos en Antioquia, el Pacto no solo consolidará su base social, sino que enviará un mensaje de expansión política en un territorio históricamente adverso. Por el contrario, una participación baja evidenciaría problemas de cohesión interna y capacidad organizativa.
En cualquier caso, el camino hacia las elecciones de 2026 dependerá de la capacidad del Pacto Histórico de convertir la diversidad en fortaleza, la movilización en votos y la resistencia social en poder político real.
Larry Hoyos
Periodista y Analista Político
Uribe sigue en prisión domiciliaria: el Tribunal niega suspensión provisional de la medida
La estrategia judicial de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez sufrió un nuevo revés. El Tribunal Superior de Bogotá, en decisión emitida por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, negó la solicitud de suspender provisionalmente la medida de prisión domiciliaria que pesa sobre el exmandatario desde el pasado 1.º de agosto.
La defensa, encabezada por su apoderado legal, había solicitado ante la Sala Penal del Tribunal que se dejara sin efectos —al menos de forma transitoria— la decisión tomada por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda. Sin embargo, el alto tribunal consideró que no existían los méritos suficientes para revocar o suspender la medida.
En el documento emitido por la corporación judicial se lee con claridad:
“PRIMERO: NO DECRETAR la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez.
SEGUNDO: COMUNICAR al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedito y eficaz, y ADVERTIR que en su contra no proceden recursos.”
Esta decisión no solo ratifica la resolución tomada en primera instancia, sino que refuerza la postura de la Rama Judicial frente a uno de los procesos más sensibles y polarizantes en la historia reciente del país. El caso Uribe —centrado en presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos— continúa su curso, mientras el expresidente permanece en su residencia bajo vigilancia judicial.
La negativa del Tribunal no solo tiene efectos jurídicos. El mensaje político es igualmente contundente: ni la jerarquía del investigado ni la presión mediática parecen alterar la independencia de los jueces en este proceso. A diferencia de otros episodios judiciales en Colombia donde el poder ha inclinado la balanza, esta vez los magistrados han decidido, al menos de momento, sostener la decisión tomada en derecho.
Mientras tanto, sectores afines al uribismo insisten en que se trata de una persecución política, mientras que los críticos celebran la vigencia del principio de igualdad ante la ley. Lo cierto es que esta nueva decisión judicial vuelve a dejar claro que el camino legal de Álvaro Uribe no solo será largo, sino también impredecible.
La medida de aseguramiento continúa vigente y el país sigue atento al desarrollo de un juicio que no solo involucra a un expresidente, sino que podría reconfigurar las relaciones entre el poder judicial, el poder político y la opinión pública.
Pico y Placa en Medellín 2025-2: así será la rotación para el segundo semestre del año
Pico y Placa en Medellín 2025-2: así será la rotación para el segundo semestre del año
La Alcaldía de Medellín anunció la nueva rotación del pico y placa que regirá en la ciudad y los municipios del Valle de Aburrá durante el segundo semestre de 2025. Esta medida de control vehicular comenzará a aplicarse a partir del lunes 4 de agosto para carros particulares y motocicletas, con una semana pedagógica que irá hasta el viernes 8 del mismo mes. A partir del lunes 11 de agosto, quienes incumplan la norma serán sancionados económicamente.
A partir del segundo semestre del año, la restricción aplicará de la siguiente manera para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos:
| Día | Placas restringidas |
|---|---|
| Lunes | 6 y 9 |
| Martes | 5 y 7 |
| Miércoles | 1 y 8 |
| Jueves | 0 y 2 |
| Viernes | 3 y 4 |
Esta medida operará en jornada continua, de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., y se aplicará en los diez municipios del Área Metropolitana: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa.
Entre las excepciones más destacadas se encuentran los vehículos que funcionan con energías limpias como eléctricos, híbridos y a gas natural vehicular, siempre que estén registrados ante la Secretaría de Movilidad correspondiente. También están exentos los automotores vinculados a servicios especiales, de salud, emergencias y organismos de seguridad del Estado.
Algunas vías principales estarán exentas de la medida, lo que permitirá mayor fluidez en el tránsito regional. Entre las zonas sin pico y placa se incluyen:
- Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela).
- Vía Las Palmas.
- Avenida 33 entre el sistema vial del río y la transversal inferior.
- Corredores viales de la quebrada La Iguaná.
- Zonas rurales y corregimientos de Medellín.
Para el servicio público de transporte tipo taxi, la rotación del pico y placa será quincenal y entrará en vigencia desde el viernes 1 de agosto de 2025, con horario de restricción entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.. El número restringido dependerá del último dígito de la placa, y será rotado cada 15 días.
A partir del 11 de agosto de 2025, los conductores que infrinjan la norma deberán asumir una multa cercana a los 604.100 pesos colombianos, además de la inmovilización del vehículo en los casos establecidos por las autoridades de tránsito.
La nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre busca equilibrar la carga de restricción entre los ciudadanos, mejorar la movilidad en horarios de alta congestión y reducir el impacto ambiental en las principales vías urbanas. Esta rotación sustituye el esquema que estuvo vigente durante los primeros seis meses del año, y representa un ajuste técnico realizado con base en el análisis de flujos vehiculares.
Santa Cruz impulsa la cultura con un Taller de Co-Creación para el Centro de Investigación Cultural
Medellín, Comuna 2 — En el marco del Presupuesto Participativo y con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, la Comuna 2 – Santa Cruz vivió un espacio clave para el fortalecimiento cultural con la realización del Taller Laboratorio de Co-Creación para el Centro de Investigación Cultural.
La actividad se llevó a cabo el jueves 31 de julio a las 5:00 p. m. en la Casa Metanoia, ubicada en la Calle 107 #43B-25. Este espacio convocó a habitantes, gestores culturales, jóvenes y actores comunitarios a pensar en conjunto los lineamientos, objetivos y metodologías que darán forma al futuro Centro de Investigación Cultural del territorio.
El laboratorio se propuso como una plataforma de participación abierta, donde la comunidad pudo aportar desde su experiencia y visión al diseño de este nuevo proyecto cultural, pensado desde las bases del territorio y para el fortalecimiento del tejido social.
La iniciativa fue priorizada con recursos del programa de Planeación del Desarrollo Local y del Presupuesto Participativo de Cultura, evidenciando el compromiso ciudadano en la construcción de políticas culturales desde lo local.
Con este tipo de apuestas, Santa Cruz se consolida como un referente en Medellín en la apropiación social de la cultura y en la construcción colectiva de conocimiento, diálogo y memoria barrial.
Mural “Uribe culpable”: persecución y censura en Medellín horas antes del fallo histórico
La noche del 27 de julio de 2025, un grupo de jóvenes artistas urbanos pintó un mural en uno de los deprimidos viales de Medellín con una frase que resonaría con fuerza al día siguiente: “Uribe culpable”. La obra fue realizada en el marco del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo fallo histórico se conocería el 28 de julio, cuando fue declarado culpable por soborno de testigos y actuación penal por un juzgado ordinario en Bogotá.
Pero la intervención artística no duró ni seis horas. En la madrugada, la administración municipal, liderada por Federico Gutiérrez, desplegó una respuesta represiva. Primero llegó la Policía Metropolitana, que impidió que los jóvenes continuaran la obra, retuvo sus documentos y tomó fotografías de quienes participaban, entre ellos mujeres jóvenes que fueron obligadas a permanecer en el suelo durante varios minutos.
A los muralistas se les impusieron comparendos que superan los 9 millones de pesos, una cifra desproporcionada frente a lo que representa una manifestación artística pacífica en el espacio público. Según los abogados que ya están asumiendo su defensa, no existe ningún delito penal ni falta civil atribuible a la acción realizada. Por lo tanto, iniciarán un proceso de apelación y denuncia ante entes de control y organismos de derechos humanos.
Después del operativo policial, llegaron vehículos con funcionarios de la Alcaldía que, sin mediar diálogo, procedieron a borrar el mural con pintura gris, eliminando así un mensaje simbólico que, para muchos, anticipó lo que marcaría un hito en la historia judicial del país.
La acción del gobierno local ha sido denunciada por diferentes colectivos sociales y defensores de derechos humanos como un claro ejemplo de censura y persecución política, que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la memoria. Para muchos ciudadanos, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de silenciamiento frente a expresiones que cuestionan al poder.
En contraste, los jóvenes aseguran que lo que hicieron fue “dar voz al pensamiento colectivo de millones de colombianos”, y que el arte callejero seguirá siendo una herramienta legítima de denuncia y memoria.
El caso no solo deja en evidencia la tensión entre arte y poder, sino que muestra cómo, en Medellín, pintar una verdad incómoda puede costar caro.
Incendio en Aranjuez deja a una familia sin hogar: joven embarazada perdió todo
El pasado sábado 27 de julio de 2025, se presentó un incendio estructural en una vivienda de la comuna 4 – Aranjuez, en la ciudad de Medellín, dejando a una familia en condición de extrema vulnerabilidad. Las llamas consumieron por completo la casa, dejando a sus ocupantes sin ninguna de sus pertenencias.
Entre los afectados está Nikol, una joven de tan solo 17 años, quien actualmente se encuentra embarazada. La tragedia no solo significó perder su hogar, sino también todas las cosas que había preparado con esfuerzo y cariño para la llegada de su bebé: ropa, pañales, artículos de aseo, cuna y demás enseres. Hoy, esta madre gestante enfrenta un panorama incierto sin recursos ni elementos básicos.
El caso ha generado una ola de solidaridad en la comunidad de Aranjuez, pero se necesita con urgencia ampliar el apoyo. Organizaciones comunitarias, vecinos y ciudadanos están invitando a la ciudadanía a sumarse a esta causa humanitaria para ayudar a esta familia a reconstruir su vida.
Se están recibiendo donaciones de:
- Ropa para mujer, hombre y bebé
- Colchonetas y cobijas
- Alimentos no perecederos
- Artículos de higiene personal y para el hogar
- Elementos para el cuidado del bebé
Toda ayuda, por mínima que parezca, es valiosa en este momento. Esta es una oportunidad para demostrar que la solidaridad es más fuerte que cualquier tragedia.
Quienes deseen ayudar pueden comunicarse directamente con una de las personas afectadas:
Nombre: Nicole Dahiana Caicedo Arenas
Celular: 301 136 5856
También pueden coordinar entregas físicas de donaciones en la comuna 4. calle 98 numero 44a37 Aranjuez.
Si no puedes donar, compartir esta información también ayuda a que el mensaje llegue a más personas.
Fallo histórico en Medellín: 7 exdirectivos de Chiquita Brands condenados por financiar al paramilitarismo.
En un fallo sin precedentes, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir agravado, al confirmarse que la compañía financió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004.
Cada uno de los exdirectivos recibió una pena de 11 años y 3 meses de prisión, además de una multa cercana a 13.879 millones de pesos, y se emitieron órdenes de captura inmediata en su contra.
La juez que profirió la sentencia subrayó la gravedad de financiar grupos armados ilegales, calificando este delito como “un ataque indirecto al Estado y a la paz social”. Asimismo, negó beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena. En su argumentación, destacó que estos recursos prolongaron la capacidad operativa de las AUC y alentaron la continuación de violaciones a los derechos humanos.
Entre los condenados se encuentran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. En contraste, otros tres exdirectivos de Banacol fueron absueltos por falta de evidencias claras en su contra.
Este fallo cierra un prolongado periodo de impunidad. Aunque en 2007 Chiquita Brands aceptó ante cortes de Estados Unidos haber realizado más de 100 pagos ilegales a las AUC, por un total de 1,7 millones de dólares, hasta ahora no se habían realizado juicios penales para sus ejecutivos en Colombia.
En Estados Unidos, la multinacional enfrentó procesos civiles que concluyeron en junio de 2024 con un jurado en Florida declarándola responsable de financiar a los paramilitares, y ordenándole pagar 38,3 millones de dólares a las familias de ocho víctimas. Fue la primera vez que un tribunal estadounidense estableció responsabilidad civil de una empresa norteamericana por financiar un grupo armado en el extranjero.
Además, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ratificó en 2025 los pagos de 1,7 millones de dólares realizados mediante su filial Banadex, confirmando que estos recursos fortalecieron a las AUC en el Urabá antioqueño y Magdalena Medio, regiones que padecieron masacres, desplazamientos forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Este fallo colombiano marca un cambio de paradigma en la justicia empresarial del país. Por primera vez, altos ejecutivos enfrentan sanciones penales por financiar estructuras armadas ilegales, evidenciando la existencia de un “pacto con el diablo” entre empresas y el crimen organizado.
Sin embargo, organizaciones de víctimas señalan que aún falta llevar a juicio a otros empresarios vinculados en esta cadena de responsabilidad.
Por su parte, Chiquita ha recurrido la condena en Estados Unidos, argumentando que estos pagos eran extorsiones necesarias para proteger a sus empleados. Su defensa en Colombia sostuvo posiciones similares, pero la justicia nacional desestimó esta versión al dictar la sentencia.
Este fallo envía un mensaje contundente al sector empresarial: financiar grupos armados ilegales no quedará impune, y la responsabilidad penal puede alcanzar incluso a los más altos directivos de multinacionales.
La justicia frena la persecución política de Fico contra familiares de voceros de paz
En una audiencia que dejó en evidencia los excesos del poder local, un juez de la República rechazó la solicitud de medida de aseguramiento contra Daniel Muñoz Olaya, hijo de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los voceros de paz que en su momento fue avalado y reconocido por la Alcaldía de Medellín durante la primera administración de Federico Gutiérrez. El togado no solo desvirtuó los argumentos de la Fiscalía, sino que envió un mensaje contundente al alcalde: “Las guerras personales no deben involucrar a las familias”.
El caso de Muñoz Olaya se convirtió en un ejemplo de cómo los procesos judiciales pueden instrumentalizarse con fines políticos. Empresario sin antecedentes judiciales ni vínculos con estructuras ilegales, fue detenido y estigmatizado por el simple hecho de ser hijo de quien fue parte clave en los procesos de sometimiento territorial. “El señor Douglas subió a una tarima, participó de un evento público, recibió ovaciones. En su momento fue reconocido como gestor de paz por la misma administración que hoy ataca a su familia”, recordó el juez en su intervención, subrayando que “en asuntos familiares, el pronóstico es favorable”.
Pero el trasfondo es aún más grave: la persecución emprendida por la administración de Federico Gutiérrez se dirige hoy contra los familiares de quienes, bajo el mandato del gobierno nacional de Gustavo Petro, actúan como voceros de paz en el marco de la política de Paz Total. Paradójicamente, muchos de estos líderes fueron respaldados por la misma alcaldía cuando sus gestos de sometimiento servían a los intereses del entonces secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, hoy condenado por vínculos con cabecillas prófugos, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.
La decisión judicial no solo representa un triunfo para la justicia frente al revanchismo, sino que desarma un aparato de persecución que utiliza el pasado de familiares como excusa para atacar procesos actuales de reconciliación. El juez fue enfático: los tribunales no son el escenario para ajustar cuentas políticas ni personales.
En una Medellín marcada por el recuerdo de pactos territoriales y el reclamo ciudadano por una paz verdadera, esta audiencia puso el reflector sobre una administración que parece más interesada en silenciar a quienes no se alinean políticamente, que en promover una justicia imparcial y respetuosa de los derechos fundamentales.
Granizal se levanta: convocan plantón pacífico por el derecho al agua y la vivienda digna
La vereda Granizal, ubicada en el norte de Medellín, se prepara para una nueva jornada de movilización pacífica. Este jueves 24 de julio, desde las 6:00 a.m., habitantes de la zona realizarán un plantón pacífico en la bomba de Zamora para exigir soluciones urgentes frente a la crisis humanitaria que enfrentan.
La decisión se tomó el pasado 20 de julio, durante una asamblea realizada en la Sede Social El Regalo de Dios, donde participaron diferentes organizaciones sociales y liderazgos de la vereda. Allí se ratificó la necesidad de alzar la voz ante el incumplimiento sistemático del Estado, que ha ignorado las acciones populares ganadas por la comunidad para garantizar el acceso al agua potable y la mejora de las vías.
“La vereda está viviendo una crisis humanitaria. Levantamos la voz porque no podemos seguir sin agua y sin garantías básicas para la vida digna”, afirmaron voceros comunitarios.
Durante la jornada, la comunidad exigirá:
- Soluciones estructurales para la falta de agua potable y agua cruda en todos los sectores de la vereda, y cumplimiento inmediato de las acciones populares por agua y vías.
- Respuesta efectiva y sin dilaciones para las familias afectadas por la tragedia en sus viviendas.
- Creación de una Mesa Humanitaria que integre a la comunidad y a las instituciones responsables de atender la crisis.
- Estudios de suelo que mitiguen los riesgos para las viviendas y la vida de los habitantes de Granizal.
La convocatoria es abierta a organizaciones sociales, centrales obreras, veedurías ciudadanas, medios de comunicación, procesos comunitarios y demás aliados solidarios que quieran sumarse y respaldar esta lucha por los derechos fundamentales.
“Prefieren perseguir los vendedores informales que los delincuentes”: comunidad denuncia desalojo de vendedores en Aranjuez
En un operativo liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la Alcaldía desmanteló este fin de semana varios puestos de vendedores informales en el parque principal del barrio Aranjuez, incluyendo uno que llevaba más de 30 años funcionando.
Los afectados eran vendedores de comida y juguetes que, desde muy temprano cada día, instalaban sus pequeños negocios para sostener a sus familias. La acción fue rechazada por parte de la comunidad, que considera que se trata de un abuso de autoridad y persecución contra la economía popular.
“Es muy fácil llegar con la fuerza pública a quitarles el sustento a los pobres. En vez de perseguir a los bandidos, persiguen a la gente que lucha cada día para sobrevivir de manera legal. Prefieren un parque muerto antes que un parque con vida y alegría”, expresó un habitante del sector.
El operativo, según denunciaron líderes comunitarios, fue ejecutado sin procesos de diálogo ni alternativas claras para los trabajadores informales. Mientras tanto, la administración insiste en que busca el orden del espacio público.
Sin embargo, voces críticas aseguran que este tipo de medidas profundizan la pobreza y atentan contra los derechos al trabajo digno y a la subsistencia, pues la economía popular es vista como una forma de resistencia y no como un problema.
“Esta gente no está robando, no está matando, está vendiendo arepas, dulces, juguetes, buscando su sustento. Esto es hambre y despojo disfrazado de autoridad”, concluyó otro vendedor afectado.
40% de las tierras en restitución en Urabá son solicitadas por mujeres
Gracias a la política de restitución impulsada por el gobierno nacional, hoy las mujeres de Urabá lideran procesos que transforman sus vidas y comunidades. Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el 40% de las tierras en restitución en esta región son solicitadas por mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes han sido víctimas del despojo y la violencia del conflicto armado.
En desarrollo de estas acciones, la Dirección Social y la URT Apartadó realizaron la Mesa de Mujeres y Restitución de Tierras en Urabá y el Darién, un espacio que reunió a 30 lideresas de diferentes comunidades. Durante la jornada, las participantes compartieron sus experiencias, fortalecieron sus conocimientos sobre restitución y analizaron los retos que enfrentan para seguir impulsando la reparación integral y la construcción de paz en sus territorios.
Esta Mesa de Mujeres resalta la importancia del enfoque diferencial y de género en las políticas públicas de restitución, promovidas por el gobierno para garantizar no solo la recuperación de los predios, sino también la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de los proyectos de vida de las mujeres víctimas.
Para las lideresas, la tierra significa mucho más que un espacio productivo; representa sus raíces, su identidad y la oportunidad de brindar bienestar y futuro digno a sus familias y comunidades.
🕊️ “Estos espacios nos permiten formarnos, tejer redes y seguir luchando por nuestros derechos y los de nuestras comunidades”, expresó una de las asistentes.
Con estas iniciativas, el gobierno reafirma su compromiso con las mujeres víctimas del conflicto, garantizando sus derechos y contribuyendo a sembrar paz, dignidad y justicia en Urabá y el Darién.
El Pacto del 26: una oportunidad para fortalecer la política democrática desde los territorios
En un país donde la polarización ha fragmentado el diálogo y debilitado la confianza institucional, el pacto político anunciado para el 26 de octubre marca un momento que merece ser visto con atención, y sí, con esperanza. Aunque algunos lo califican como una estrategia al servicio de los políticos profesionales, una lectura más amplia permite identificar en este acuerdo un paso importante para reencauzar la política dentro de las reglas de juego democráticas y pacíficas.
La política colombiana no es un terreno limpio; está lleno de contradicciones, intereses, historias de violencia, corrupción, pero también de luchas, movimientos sociales y liderazgos comprometidos con la transformación real. Por eso, la construcción de acuerdos entre sectores políticos —por disímiles que sean— puede entenderse como una herramienta legítima para reducir el ruido, abrir espacios de participación y dar un mínimo de gobernabilidad en medio de la complejidad.
Este pacto ha sido posible gracias a la mediación de dos figuras con experiencia y peso en el tablero político: *Alfonso Prada, conocido como “Corcho”, y *Roy Barreras, apodado “Toro”. Ambos, desde trayectorias distintas, han comprendido que el diálogo entre fuerzas políticas —incluso adversarias— no es una rendición de principios, sino una muestra de madurez institucional. Su rol ha sido clave para sentar en la misma mesa a partidos y sectores que antes solo se enfrentaban en el terreno de la acusación y el señalamiento.
¿Es un pacto perfecto? No. ¿Favorece en parte a sectores tradicionales? Es probable. Pero también abre una puerta para el fortalecimiento de liderazgos nuevos que entienden que la transformación no se hace desde la marginalidad, sino incidiendo, proponiendo y organizando. Como periodista que ha caminado territorios, escuchado comunidades y cubierto procesos de paz urbana, creo que acuerdos como estos, cuando son transparentes y vigilados por la ciudadanía, pueden contribuir a la estabilidad institucional que tanto se necesita.
En lugar de ver este pacto como una amenaza a la renovación política, es más útil entenderlo como una oportunidad para disputar desde adentro los escenarios de poder. Para muchas regiones apartadas, este tipo de consensos puede significar mayor representación, más recursos, y nuevas posibilidades de participación. Si logramos que lo acordado se traduzca en políticas públicas reales, en acciones concretas para la gente, el pacto habrá valido la pena.
Lo importante ahora es que no se quede en un simple arreglo de cúpulas. La ciudadanía debe asumir un rol activo como veedora crítica, exigiendo cumplimiento, inclusión y resultados. El Pacto del 26 puede marcar una diferencia si se convierte en un ejercicio pedagógico de cómo se construye lo público en medio de las diferencias.
Colombia no necesita más fracturas. Necesita puentes. Y si este pacto es uno de ellos, celebremos que aún es posible hablar, acordar y construir sin armas, sin odio y sin miedo.
Dos nuevos cuerpos hallados en La Escombrera
Dos nuevos cuerpos fueron hallados en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, por los equipos forenses de la JEP los días 14 y 15 de julio. Estos hallazgos se suman a los cuatro cuerpos encontrados entre diciembre de 2024 y enero de 2025, como parte de una búsqueda que no cesa y que, a más de dos décadas de los hechos, sigue removiendo la tierra y la memoria de una ciudad que aún no termina de confrontar su pasado.
La intervención forense, que ya completa un año de excavaciones, ha requerido la remoción de más de 43.000 metros cúbicos de escombros, la articulación de expertos nacionales e internacionales y maquinaria especializada. Sin embargo, detrás de los números y los procesos técnicos están los nombres, los rostros y las vidas de personas que un día salieron de sus casas y no volvieron.
En esta ocasión, dos de los cuerpos hallados fueron entregados dignamente a sus familias. Se trata de dos hombres jóvenes, trabajadores honestos, habitantes de barrios de Medellín, desaparecidos presuntamente por el Bloque Cacique Nutibara en el año 2002. Sus historias, como la de cientos de desaparecidos, habían quedado sepultadas bajo toneladas de silencio.
La Escombrera sigue siendo un escenario de alto interés forense y uno de los mayores símbolos de la desaparición forzada en el país. Cada hallazgo no solo confirma la magnitud de la violencia que atravesó estos territorios, sino también la fuerza de las familias que, con su persistencia, siguen reclamando verdad, justicia y dignidad para sus seres queridos.
Denuncian que desastre en Bello y Medellín no fue causado por la naturaleza sino por fallas en infraestructura
Bello, Antioquia. La Veeduría AMVA denunció que la tragedia ocurrida recientemente en Bello y Medellín no fue producto de causas naturales como quebradas desbordadas o rocas filtrando agua, sino por fallas en la infraestructura y falta de mantenimiento en un tubo madre de EPM.
Según la veeduría, la quebrada La Seca –señalada como posible origen del deslizamiento– se encuentra a más de 10 minutos caminando de la colina donde inició el desastre y continúa su cauce sin mostrar afectaciones directas que hayan detonado la emergencia.
“Las autoridades locales deben dejar de lavarse las manos y asumir su responsabilidad junto con EPM por esta tragedia,” afirmó la Veeduría AMVA a través de sus redes.
Entre los hallazgos presentados, destacan:
❌ Graves grietas en el tubo madre, que evidencian falta de mantenimiento.
❌ Brotes de agua que no provienen de la quebrada, sino aparentemente de la red de tuberías.
❌ Explosiones y avalanchas reportadas por la comunidad, con caída de tierra, piedras y agua en gran volumen.
❌ Presencia de rocas que, lejos de desestabilizar, brindan soporte al terreno según la inspección visual.
La veeduría señala que EPM no habría realizado labores de fondo para mitigar el daño estructural en la tubería, considerando su antigüedad y estado crítico.
Por este motivo, la organización ciudadana solicita a las autoridades competentes abrir una investigación que esclarezca la verdad y determine las responsabilidades correspondientes, dada la magnitud de las afectaciones para las familias y comunidades impactadas.
¡Los dejaron enterrados! Alcaldías de Medellín y Bello abandonan la búsqueda en Santo Domingo Savio con cuerpos aún bajo tierra
Las autoridades anunciaron el cese de las labores de búsqueda en el barrio Santo Domingo Savio, al nororiente del Valle de Aburrá, tras la tragedia ocasionada por una avenida torrencial la madrugada del pasado martes 24 de junio. El saldo oficial es de aproximadamente 22 personas muertas, aunque varias decenas más permanecen en calidad de desaparecidos, con cuerpos aún sepultados bajo los escombros y el lodo.
Según reportes preliminares, la emergencia se produjo luego de un derrumbe en la quebrada Cañada Negra, limítrofe entre Medellín y Bello. Un fuerte torrente arrastró viviendas, destruyó por completo al menos 12 inmuebles, e impactó a unas 170 viviendas en riesgo estructural, lo que obligó a evacuar preventivamente a cientos de personas.
Impacto humano: Un primer censo inicial registró:
Cifras oficiales hablan de al menos 22 fallecidos y un número indeterminado de personas que aún no han sido localizadas. 217 familias afectadas, sumando 657 personas damnificadas por la emergencia.
La decisión de suspender las labores de búsqueda ha desatado indignación y preocupación en la comunidad. Aunque participaron más de 400 socorristas en el operativo, los habitantes denuncian que la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Bello han sido negligentes desde el primer momento.
Para muchos, la tragedia no solo es natural, sino también institucional. El abandono ha sido sistemático, y hoy se refleja en la ausencia de acciones contundentes frente a una comunidad que clama por respuestas, justicia y acompañamiento real. La sensación en el territorio es que las vidas de “los de abajo” no tienen el mismo valor.
Tragedia en Bello – Actualización
La avalancha del pasado 24 de junio en la vereda Granizal (Bello, Antioquia) ha dejado 22 víctimas confirmadas y 8 personas desaparecidas, tras arduas labores de rescate que continúan con la esperanza de encontrarlos.
La avalancha del pasado 24 de junio en la vereda Granizal (Bello, Antioquia) ha dejado 22 víctimas confirmadas y 8 personas desaparecidas, tras arduas labores de rescate que continúan con la esperanza de encontrarlos.
Entre las víctimas hay familias enteras afectadas, incluidos seis miembros de una familia originaria de Tierralta, Córdoba.
Medellín reduce en 8,7 % la mortalidad vial y aumenta operativos de tránsito en 141 %
La Secretaría de Movilidad de Medellín presentó un balance positivo al cierre del primer semestre de 2025. Según el reporte oficial, se logró una reducción del 8,7 % en la mortalidad vial en comparación con el mismo período de 2024, lo que representa 13 vidas salvadas. En total, entre enero y junio de este año se registraron 136 fallecimientos en las vías de la ciudad.
El secretario de Movilidad, Mateo González Benítez, explicó que este resultado obedece a las campañas de prevención implementadas, como “Te Queremos Vivo”, además de los mensajes en paneles digitales y los puntos pedagógicos en diferentes zonas.
Por otro lado, la operatividad de la Secretaría se incrementó en un 141 %, con 7.287 acciones entre controles de tránsito, operativos de embriaguez, mal parqueo y piques ilegales. Los controles contra la embriaguez aumentaron un 162,5 % frente al año anterior, mientras que las intervenciones contra el mal parqueo crecieron en un 150 %.
En materia de infraestructura, se implementaron 40 tramos unidireccionales en la comuna 9 (Buenos Aires), junto a 122 celdas de estacionamiento gratuito, 1.980 metros cuadrados de señalización y la instalación de 88 señales verticales nuevas, con una inversión superior a 700 millones de pesos.
La Secretaría anunció que estas medidas de reorganización vial se extenderán durante este año a barrios como Laureles, Belén y San Javier.
Más de 1000 familias afectadas por avalancha siguen esperando ayudas en Medellín y Bello
Presidentes y líderes de las juntas de acción comunal de las comunas afectadas por la reciente avalancha en la frontera entre Medellín y Bello continúan a la espera de ayudas humanitarias por parte de las alcaldías de ambos municipios.
Según informan los voceros comunitarios, hasta el momento no se han recibido las asistencias suficientes para atender la emergencia que, de acuerdo con sus reportes, dejó a más de 1000 familias damnificadas. La situación genera preocupación, ya que muchas de estas personas lo perdieron todo y actualmente carecen de alimentos, agua potable, ropa y un lugar seguro para pasar la noche.
Los líderes de estas comunidades han manifestado su inconformidad ante la falta de presencia de los mandatarios locales, quienes aún no han hecho un recorrido por todos los puntos afectados. “Necesitamos soluciones urgentes. Hay niños, adultos mayores y personas con discapacidad que requieren atención prioritaria”, señalaron.
Mientras tanto, organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y remoción de escombros, en medio de la preocupación de los habitantes por nuevos movimientos de tierra que puedan poner en riesgo otras viviendas de la zona.
Comunidad denuncia posible ruptura de tubería de EPM como causa del deslizamiento en Santo Domingo
Tras la reciente tragedia ocurrida en la frontera entre Medellín y Bello, específicamente en el barrio Santo Domingo, continúan circulando en redes sociales varios videos grabados por personas de la comunidad, en los que denuncian que una posible ruptura de una tubería de EPM sería la causa del deslizamiento de tierra que afectó a decenas de familias.
En las imágenes, se observa una tubería que, según afirman los habitantes, pertenece a la red de acueducto de EPM y sigue expulsando agua potable de manera constante. Esta situación, señalan, habría generado la inestabilidad en el terreno y, como consecuencia, el derrumbe que dejó un saldo preliminar de más de 20 personas afectadas entre fallecidos, heridos y desaparecidos.
Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial que confirme esta hipótesis, los habitantes del sector exigen respuestas y la verificación inmediata de la infraestructura, para evitar que se presenten nuevas emergencias en la zona, que es reconocida por su vulnerabilidad y ubicación en ladera.
Por su parte, organismos de socorro y autoridades locales continúan con las labores de remoción de escombros y búsqueda de personas desaparecidas, mientras que las familias damnificadas permanecen a la espera de ayudas y de claridad sobre las causas reales de esta tragedia que enluta nuevamente al Valle de Aburrá.
Deslizamiento en Granizal Bello: continúan labores de búsqueda de desaparecidos tras la tragedia
En medio de la tragedia que enluta a Bello, avanzan las labores de rescate en el barrio Granizal luego del deslizamiento de tierra que sepultó varias viviendas el pasado domingo 30 de junio.
Desde la madrugada de este martes, maquinaria amarilla se encuentra en el lugar apoyando la remoción de escombros y tierra, con el objetivo de localizar a las personas que permanecen desaparecidas. De acuerdo con información preliminar, el movimiento de masa afectó al menos tres viviendas, dejando hasta ahora un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.
Las familias del sector viven momentos de angustia y dolor mientras esperan noticias de sus seres queridos. Las autoridades de Bello, junto con los organismos de socorro, continúan las labores con precaución debido al riesgo de nuevos deslizamientos en la zona, considerada de alta vulnerabilidad por su ubicación en laderas inestables.
Además, los equipos de rescate han hecho un llamado a la comunidad para permitir el ingreso de maquinaria y facilitar las acciones que permitan encontrar rápidamente a los desaparecidos. Mientras tanto, se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de coordinar esfuerzos entre la Alcaldía, bomberos, Defensa Civil y otras entidades.
La tragedia en Granizal revive la preocupación por las condiciones de riesgo en sectores de asentamientos informales, donde la inestabilidad del terreno se combina con lluvias intensas, dejando a cientos de familias expuestas a emergencias como la de este fin de semana.
Alias ‘Douglas’ habló sobre su compromiso con la paz y su encuentro con el presidente Petro
José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como ‘Douglas’ y líder de la Oficina de Envigado, habló en exclusiva con Julio Sánchez Cristo en La W sobre los diálogos de paz que adelanta con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante la entrevista, ‘Douglas’ explicó que su presencia en el evento público en La Alpujarra, Medellín, junto al mandatario, fue parte del proceso de acercamiento para aportar a la construcción de paz y reconciliación en el país. Aclaró que no se trató de un acto político, sino de un paso hacia la transformación de estructuras criminales y la búsqueda de soluciones reales a la violencia.
“Queremos trabajar por la paz, estamos dispuestos a sentarnos y a cambiar esta historia”, afirmó Muñoz, resaltando la disposición que tienen para avanzar en procesos de desmovilización y reinserción, siempre que el Gobierno garantice condiciones dignas y de seguridad para quienes hagan parte de dichos acuerdos.
El líder de la Oficina de Envigado también hizo un llamado a la sociedad para apoyar los esfuerzos de reconciliación: “Lo que queremos es que se terminen los odios y construir un futuro mejor para nuestros hijos”.
Solidaridad y Acción por Santo Domingo: La Mesa de Paz Urbana de Itagüí se Une al Dolor de una Comunidad que Hoy Clama por Esperanza
La Mesa de Paz Urbana de Itagüí, en articulación con líderes barriales, organizaciones comunitarias y ciudadanía activa, manifiesta públicamente su profunda solidaridad con las familias afectadas por el devastador desastre natural ocurrido en el barrio Santo Domingo. Este trágico suceso, producto de una emergencia climática sin precedentes en la zona, ha cobrado la vida de al menos 10 personas, entre ellas mujeres, adultos mayores y menores de edad. Además, se reporta la desaparición de más de 15 personas, cuya búsqueda continúa con angustia y esperanza por parte de sus seres queridos y organismos de socorro.
Desde el primer momento, la Mesa de Paz ha estado presente, escuchando el clamor de la comunidad, caminando junto a quienes hoy enfrentan la pérdida total de sus hogares, de sus pertenencias y, en muchos casos, de sus familiares. En medio del dolor, ha florecido la solidaridad. Se ha activado una red humana de amor y apoyo que recorre cada barrio, cada calle, con un solo propósito: tender la mano a quienes lo han perdido todo.
En este contexto, se ha emprendido una campaña urgente de recolección de ayudas humanitarias. Con el respaldo de líderes comunitarios, colectivos sociales y ciudadanos voluntarios, se han entregado alimentos no perecederos, medicamentos, colchonetas, carpas, ropa y artículos de primera necesidad. Cada donación lleva consigo un mensaje de esperanza, una muestra de que el dolor compartido también puede ser el motor de la reconstrucción.
La Mesa de Paz Urbana de Itagüí reafirma su compromiso con la vida, la dignidad y la resiliencia de nuestras comunidades. No solo se trata de llevar ayudas materiales, sino de acompañar con presencia, con escucha y con respeto a quienes enfrentan la adversidad. Porque la paz se construye desde abajo, desde los territorios, y se fortalece cuando las comunidades se abrazan en medio del sufrimiento.
Hoy, Santo Domingo necesita más que nunca del abrazo colectivo. Por eso, desde Itagüí se alzan las voces de la sociedad civil para decir con firmeza: no están solos. Cada acción solidaria es una semilla de esperanza. Cada gesto, por pequeño que parezca, suma en esta tarea de reconstruir no solo casas, sino también corazones.
La Mesa de Paz invita a todas las personas, organizaciones y entidades públicas y privadas a sumarse a esta labor humanitaria. Juntos, con empatía, organización y compromiso, podremos transformar el dolor en fuerza, la tragedia en unión, y el desastre en oportunidad para renacer como sociedad.
¡Santo Domingo vive en nuestro corazón y no lo dejaremos solos!
En el punto cero del desastre, organismos de emergencia como Bomberos, Defensa Civil, Dagran y SIATA, junto con maquinaria pesada, trabajan intensamente, mientras geólogos valoran la estabilidad del terreno. Se instalaron sirenas de alerta temprana y reflectores nocturnos para facilitar las labores nocturnas.
Un emotivo rescate comunitario ocurrió cuando habitantes utilizaron palas y cuerdas para liberar a una adulta mayor atrapada entre los escombros; hasta el momento han sido rescatadas 23 personas, 16 de ellas con heridas que requirieron atención médica.
Respuesta institucional y humanitaria
La Alcaldía de Bello, la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal han habilitado cinco albergues —incluyendo la JAC Oasis de Paz, Piscina Euclides, Fe y Alegría Grijelmo, Casa Betania y San Juan de Luz— para acoger a los evacuados, donde reciben atención médica, psicológica y asistencia humanitaria.
Se han dispuesto puntos de acopio como la sede de la Defensa Civil en el barrio Salento y en el Concejo Municipal de Bello.
Entre las acciones más urgentes se encuentran:
Una grave emergencia se registró en la madrugada del martes 24 de junio en los barrios El Pinar, en Bello, y Santo Domingo Savio, en Medellín. Las intensas lluvias que azotaron el sector provocaron un fuerte deslizamiento de tierra, acompañado de una avalancha de lodo y escombros, dejando a su paso una devastación que ha conmocionado al Valle de Aburrá.
De acuerdo con información oficial, el evento ocurrió entre las 3:20 y 3:25 de la mañana, cuando una gran masa de tierra descendió desde la ladera de Granizal, impactando severamente más de 50 viviendas. Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 10 personas fallecidas, más de 15 desaparecidas y ocho heridos, además de múltiples daños materiales.
Evaluación estructural del terreno por parte de expertos, utilizando maquinaria pesada para remover escombros y prevenir nuevos deslizamientos. Evacuación preventiva en sectores en riesgo como Altos de Oriente y Manantiales. Suspensión del servicio de acueducto en áreas vulnerables mientras se realizan las inspecciones de seguridad. Apertura de cinco albergues temporales para los damnificados, ubicados en sedes comunales y centros educativos. Puntos habilitados para la atención y donaciones
La comunidad afectada está recibiendo atención en los siguientes espacios:
Casa Bethania, Fe y Alegría Grijelmo, Piscina de Euclides, Oasis de Paz, Regalo de Dios
Adicionalmente, la Defensa Civil habilitó su sede (Calle 45C #58E-57, barrio Salento, Bello) como centro de acopio, donde se reciben donaciones de alimentos no perecederos, ropa en buen estado, cobijas, artículos de aseo y otros elementos de primera necesidad.
Llamado a la prevención
Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que no permanezca en zonas inestables y evite retornar a sus viviendas afectadas hasta que se emitan nuevos reportes de seguridad. Las lluvias persisten en la región, lo que incrementa el riesgo de nuevos movimientos de tierra.
La solidaridad es hoy más necesaria que nunca. Desde todos los rincones del Valle de Aburrá, se espera el respaldo ciudadano para las familias que hoy enfrentan esta dolorosa tragedia.
Carta abierta de Sinergia defiende el proceso de paz urbana y rechaza señalamientos del Gobierno local
Carta abierta de Sinergia defiende el proceso de paz urbana y rechaza señalamientos del Gobierno local
El Movimiento Sinergia, una organización ciudadana con amplia trayectoria en la promoción de los derechos humanos y la construcción de paz en Medellín, publicó este lunes una carta abierta dirigida al alcalde Federico Gutiérrez y al Concejo Municipal, expresando su preocupación frente a recientes declaraciones oficiales que, según ellos, deslegitiman el actual proceso de paz urbana que se adelanta en la ciudad.
En la misiva, Sinergia —conformado por líderes sociales, profesionales y organizaciones no gubernamentales— manifestó su rechazo a los señalamientos que califican como “infundados” y “estigmatizantes”, realizados desde la institucionalidad, y que a su juicio atentan contra los esfuerzos legítimos de reconciliación en territorios vulnerables.
“El actual discurso estigmatizante no solo desconoce la realidad histórica de la ciudad, sino que responde a motivaciones políticas que nada aportan a la paz ni a la seguridad de la ciudadanía”, afirma el documento.
El movimiento recordó que desde 2016 las estructuras armadas urbanas han manifestado su voluntad de paz, registrando públicamente su intención de avanzar hacia acuerdos con participación de la sociedad civil. Incluso, aseguran que en gobiernos anteriores algunos concejales y funcionarios acompañaron procesos de diálogo y reintegración en cárceles y comunidades.
Frente a esto, advierten que resulta “contradictorio” que hoy actores que antes apoyaron esas iniciativas se opongan radicalmente a un proceso que se basa, según el texto, en la Constitución, los derechos humanos y la seguridad humana.
Asimismo, citan informes de la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que reconocen que el fenómeno de la violencia urbana no puede ser enfrentado exclusivamente con medidas represivas, sino que requiere salidas concertadas, restaurativas y verificables.